La directora ejecutiva de AFIPA, Patricia Villarreal, participó en el lanzamiento del estudio «Por un Chile sin Economía Ilícita», iniciativa liderada por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) junto a 30 gremios y empresas, entre ellos AFIPA, que busca visibilizar el impacto económico y social de las economías ilícitas y promover medidas concretas para enfrentarlas. 

El documento analiza el funcionamiento de los mercados ilícitos en Chile y propone 45 medidas para fortalecer la fiscalización, mejorar la coordinación institucional, cerrar brechas regulatorias y aumentar la trazabilidad en distintos sectores productivos. 

Durante la apertura, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, sostuvo que las economías ilícitas dejaron de ser un fenómeno aislado para transformarse en un problema estructural que afecta el crecimiento, la inversión, el empleo y la confianza en las instituciones. Señaló que estos mercados operan como verdaderas cadenas de valor, aprovechando vacíos regulatorios y debilidades en la fiscalización, generando competencia desleal y financiando al crimen organizado. Asimismo, advirtió sobre el riesgo de normalizar estas prácticas y llamó a recuperar una cultura de la legalidad mediante un trabajo coordinado entre el sector público y privado. 

Por su parte, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, valoró el estudio como un insumo para fortalecer las políticas públicas y afirmó que el combate a las economías ilícitas requiere consolidar el Estado de derecho, proteger la libre competencia y reforzar la capacidad fiscalizadora frente al crimen organizado. Asimismo, destacó la importancia de facilitar el desarrollo de quienes emprenden y cumplen la ley, concentrando la acción del Estado en la persecución de las organizaciones que operan al margen de la legalidad. 

Entre los principales resultados, el estudio estima que las economías ilícitas movilizan en Chile más de US$ 5.700 millones anuales, provocan pérdidas fiscales cercanas a US$ 1.500 millones y generan costos adicionales para las empresas por alrededor de US$ 2.700 millones al año. Además, identifica tres grandes ámbitos donde se concentra el fenómeno: el comercio ilícito y el contrabando, las finanzas ilícitas y los delitos asociados a materias primas estratégicas, entre ellas el sector silvoagropecuario y los insumos fitosanitarios. 

En el caso de la agroindustria, el estudio estima que las economías ilícitas representan un mercado de US$ 530 millones y generan pérdidas de US$ 95 millones anuales en recaudación tributaria. Asimismo, advierte que el contrabando y la falsificación de productos agroquímicos constituyen una amenaza creciente para la agricultura, debido a los riesgos productivos, sanitarios y ambientales que implican.

«El comercio ilícito afecta a la agricultura y al país en múltiples dimensiones. En primer lugar, perjudica la economía porque fomenta la competencia desleal, reduce la recaudación fiscal y fortalece redes vinculadas al crimen organizado. La comercialización de productos adulterados o falsificados puede comprometer el rendimiento de los cultivos, generar daños ambientales y poner en riesgo la producción. Además, representa un riesgo para las personas, ya que se trata de productos cuyo origen y composición se desconocen, lo que puede provocar intoxicaciones y afectar la salud de quienes los manipulan o utilizan. Combatir el comercio ilegal es proteger toda la cadena alimentaria», destacó Patricia Villareal.

La actividad también incluyó un panel de conversación en el que participaron representantes de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Asociación de Bancos (ABIF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la coordinación técnica del estudio, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación público-privada, mejorar la trazabilidad de los productos, incorporar nuevas herramientas tecnológicas y modernizar los mecanismos de fiscalización para enfrentar con mayor eficacia las economías ilícitas.