AFIPA participó en una reunión clave organizada por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), en la que se definieron las prioridades regulatorias y operacionales que impactarán al sector agrícola durante 2025. Este encuentro refuerza el esfuerzo conjunto para garantizar la sostenibilidad y competitividad del sector agrícola chileno.

La jornada, liderada por Bárbara Recabarren, jefa del Departamento de Regulación y Control de Insumos y Productos Silvoagrícolas del SAG, contó con la participación de Pablo Reyes, jefe del Subdepartamento de Control de Plaguicidas, Fertilizantes, Bioestimulantes e Inocuidad del SAG, y Lucía Valenzuela, jefa del Subdepartamento de Autorización y Evaluación de Plaguicidas.

Durante la reunión, se revisaron los resultados de la priorización de temas realizada por los gremios y el SAG en agosto de 2024. Esto permitió definir un plan de trabajo para 2025 que incluye plazos y actividades concretas para abordar desafíos clave.

En el área de bioinsumos y fertilizantes, se destacó que la implementación del etiquetado de fertilizantes deberá completarse antes de agosto de 2026, conforme al cronograma establecido por el SAG. Este cambio busca garantizar una mayor trazabilidad y confianza en los productos utilizados en el sector agrícola, además de evitar sanciones relacionadas con el incumplimiento. Para facilitar esta transición, el SAG propuso realizar webinars y cápsulas informativas en las que los gremios tendrán un rol activo en la difusión de la normativa.

En cuanto a los plaguicidas, se discutieron las modificaciones al Sistema Globalmente Armonizado (GHS) y la Ley Apícola. Los participantes enfatizaron la importancia de adaptar las etiquetas a estas nuevas normativas.

Otro punto crítico abordado en la reunión fue el comercio ilegal de productos fitosanitarios. Aunque el SAG no tiene facultades legales para intervenir directamente en estos delitos, destacó la gravedad del problema y la necesidad de proponer acciones en conjunto con los gremios para combatir el tráfico ilegal. También se discutió la importancia de garantizar que los productos decomisados sean destruidos de manera correcta, minimizando riesgos para el sector agrícola.

Por último, se planteó la optimización de los tiempos de tramitación de autorización de productos fitosanitarios como una prioridad. El SAG presentó acciones realizadas para mejorar la eficiencia en estos procesos, con el objetivo de responder más ágilmente a las necesidades del mercado agrícola y reducir las demoras que afectan la competitividad del sector. Esta medida es especialmente relevante para los productores que necesitan acceder a nuevas soluciones tecnológicas para sus procesos productivos.

Los participantes coincidieron en la importancia de mantener un diálogo abierto y constante para garantizar una implementación eficiente de las normativas y asegurar que el sector agrícola esté preparado para los desafíos de 2025. Asimismo, el SAG se comprometió a enviar actas de cada reunión, con el objetivo de dar seguimiento efectivo a los acuerdos establecidos y promover un trabajo colaborativo en beneficio del sector agrícola.