En esta entrevista, la directora ejecutiva de AFIPA advierte sobre los riesgos que implica el uso de fitosanitarios ilegales en un país agroexportador como Chile, y llama a fortalecer la coordinación entre Estado, industria y agricultores para frenar un problema que ya tensiona.

En un país cuya reputación agroexportadora descansa en la sanidad, la inocuidad y el cumplimiento normativo, la discusión sobre insumos agrícolas y frutócolas lícitos dejó hace tiempo de ser un tema secundario. 

Cuando en un predio entran productos sin registro, sin trazabilidad o adquiridos fuera de los canales autorizados, el riesgo no solo recae sobre la eficacia agronómica: también se extiende a la seguridad de las personas, al ambiente, a la condición de la fruta y a la imagen de Chile en los mercados. 

En ese escenario, la seguridad en el uso de fitosanitarios —y, en general, de insumos agrícolas de alto valor, como fertilizantes y formulados de uso técnico— se vuelve parte de la competitividad del negocio agrícola.

Patricia Villarreal conoce de cerca esa discusión. Es ingeniera agrónoma y directora ejecutiva de AFIPA, gremio que representa a la industria de la ciencia y protección de los cultivos en Chile. AFIPA —la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas A.G.— fue creada en 1991 y hoy impulsa una agenda vinculada a buenas prácticas agrícolas, uso seguro y responsable de productos fitosanitarios, biodiversidad, regulaciones, etiquetado de fertilizantes y recuperación de envases a través de CampoLimpio. La propia asociación se define como un referente en transferencia tecnológica, sustentabilidad y seguridad para las personas, las cosechas y el medioambiente.

Villarreal, además, es una de las impulsoras del programa “Agricultura Sostenible en Acción”, iniciativa que ha reforzado la capacitación en buenas prácticas agrícolas, y en 2024 fue designada también directora de AMAGRO, la Asociación Gremial de Mujeres del Sector Agrícola.

A continuación, la conversación de Diario Frutícola sostuvo con Patricia con foco en seguridad, mercado, regulación y los desafíos que enfrenta la agricultura chilena frente al avance del comercio ilegal.

¿Cómo observa hoy la situación fitosanitaria de Chile y el momento que atraviesa la industria?

—Chile sigue siendo reconocido por su seriedad fitosanitaria y por la rigurosidad de su regulación, algo muy relevante para un país exportador. El problema es que esa fortaleza convive con desafíos importantes: por un lado, una regulación muy exigente; por otro, dificultades en la velocidad de revisión, control y cumplimiento. A eso se suma una brecha en el uso, porque muchos agricultores no incumplen por voluntad, sino por desconocimiento o por falta de herramientas suficientes para utilizar correctamente productos que, en muchos casos, son estratégicos para sostener la producción.

Cuando se habla de comercio ilegal de fitosanitarios, ¿de qué magnitud de problema estamos hablando?

—Estamos frente a un fenómeno que ya no puede mirarse como algo aislado. Según plantea Patricia Villarreal, este mercado se cruza con otras economías ilícitas, como el contrabando, la falsificación, delitos económicos y también el robo interno en el mundo rural. En ese contexto, los fitosanitarios y fertilizantes aparecen entre los insumos más expuestos por su alto valor y facilidad de reventa. A su juicio, en los últimos años también ha crecido la preocupación institucional por el tema, en parte por una mayor articulación público-privada, aunque todavía persisten limitaciones operativas y regulatorias en materia de fiscalización.

¿Qué impacto puede tener el uso de productos ilegales sobre la imagen de Chile como país exportador?

—Puede transformarse en un riesgo reputacional relevante. Patricia Villarreal advierte que, aunque no necesariamente se pueda afirmar que ya exista un daño concreto consolidado, sí hay un riesgo potencial para la inocuidad, la comercialización y la imagen país. En una agricultura orientada a la exportación, cualquier brecha en trazabilidad o uso de productos no autorizados puede terminar afectando la confianza de los mercados. Por eso insiste en que este es un tema que debe abordarse con responsabilidad, mostrando que existe trabajo coordinado entre instituciones y sector privado para contenerlo.

Desde su mirada, ¿cuáles son los principales riesgos del uso de fitosanitarios ilegales?

—El primero es el riesgo de inocuidad. Un producto no registrado o prohibido puede dejar residuos no autorizados y generar sanciones o problemas comerciales. El segundo es el riesgo ambiental y sanitario, porque una formulación fuera de norma puede contaminar, afectar la salud de quienes aplican el producto o incluso provocar daños al cultivo. Y el tercero es el riesgo económico: un producto ilegal puede no ser eficaz, puede venir contaminado o mal formulado y terminar comprometiendo rendimiento, calidad y condición. A eso se suma, dice Villarreal, el eventual daño reputacional y hasta el riesgo de cierre de mercados si se sobrepasan límites de residuos.

¿Qué brechas regulatorias ve hoy AFIPA para enfrentar este mercado ilegal?

—Patricia Villarreal plantea que una de las principales brechas está en la tipificación de los delitos y en las facultades de fiscalización. A su juicio, el SAG necesita más herramientas para actuar con mayor eficacia. También observa una necesidad urgente de coordinación entre Aduanas, SAG, Ministerio Público, policías y sector privado. En paralelo, considera clave que los agricultores tengan mejor acceso a información actualizada sobre dónde comprar, qué evitar y cómo actuar frente a la oferta informal.

Usted ha advertido que prohibir un producto no necesariamente evita su uso. ¿Por qué?

—Porque, según explica Villarreal, cuando un producto es relevante para la producción y su salida no se gestiona con suficiente anticipación, comunicación y alternativas disponibles, puede producirse un efecto boomerang: el agricultor igual intentará conseguirlo, pero por vías ilegales. Por eso sostiene que los procesos de cancelación o prohibición deben ser más transparentes, más sistémicos y mejor comunicados, para que no generen una falsa sensación de seguridad regulatoria mientras el producto sigue circulando por canales informales.

¿Qué rol juega la capacitación en este escenario?

—Para AFIPA, juega un rol central. Villarreal señala que muchas veces el problema no está solo en la norma, sino en el uso. Por eso la asociación ha reforzado su trabajo de difusión y capacitación en distintos niveles. Según explica, AFIPA capacita a alrededor de 12.000 personas al año en modalidades presenciales y digitales, y ha buscado avanzar desde la simple difusión hacia la transferencia tecnológica más directa, con trabajo en terreno, manejo integrado de plagas y buenas prácticas agrícolas. El objetivo es demostrar que el uso seguro y eficiente de estos productos también puede implementarse en pequeños productores.

¿Qué mensaje le daría hoy a un agricultor o productor frutícola frente a la oferta informal de estos insumos?

—Que no se trata solo de cumplir una exigencia administrativa. Comprar en lugares autorizados y usar productos lícitos es parte de la seguridad del predio, de la protección de quienes trabajan en él, de la sustentabilidad del sistema productivo y de la seriedad comercial de Chile. Villarreal insiste en que todavía existe desconocimiento respecto de que estos productos solo deben adquirirse en canales formales, y que allí hay una responsabilidad compartida entre la industria, las autoridades y los propios usuarios.

¿Qué está haciendo AFIPA hoy para enfrentar este desafío de manera más integral?

—La directora ejecutiva explica que el gremio está abordando el problema en varios planos a la vez: regulatorio, capacitación de usuarios y seguimiento de la comercialización. En esa línea, menciona trabajo con apoyo internacional, programas en regiones agrícolas y una estrategia que combina seminarios, webinars, transferencia tecnológica y acciones directas con agricultores. La idea, dice, es atacar el fenómeno de manera sistémica y no solo desde la denuncia puntual.

Para cerrar, ¿cuál es el principal mensaje que AFIPA quiere instalar hoy?

—Que este problema solo puede enfrentarse con trabajo colaborativo y sostenido entre el Estado, la industria y los agricultores. Patricia Villarreal remarca que la promoción del uso seguro, la trazabilidad y la responsabilidad compartida son claves no solo para resguardar la imagen de Chile como país agroexportador, sino también para construir una agricultura más sostenible en términos ambientales, sanitarios y económicos. Su advertencia final apunta a algo de fondo: proteger el mercado de exportación es importante, pero también lo es cuidar lo que consumimos internamente y resguardar un patrimonio productivo que forma parte del país.

Fuente: Diario Frutícola