Sondeo de la SNA indica que un 43% de los agricultores ha sufrido 3 o más hurtos en los últimos 12 meses. Gremio espera abordar esta materia con el próximo gobierno.

La delincuencia e inseguridad rural figuran como el principal foco de preocupación para el sector agrícola. Incluso, algunos actores del rubro ubican a esta temática como la primera prioridad que deberá abordar el gobierno entrante de José Antonio Kast a partir de marzo.

Agricultores acusan que enfrentan una grave crisis de seguridad en sus campos, con episodios de robos que han pasado a ser cada vez más recurrentes (ver nota relacionada). Pese a que la delincuencia rural se ha intensificado durante los últimos años, advierten que existen muy pocos antecedentes que reflejen el verdadero panorama con el que convive una industria que mueve US$ 13.500 millones anuales.

Este escenario fue uno de los motivos que llevó a la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) a elaborar encuestas para medir el impacto de los robos en el agro. En su segunda edición del Barómetro de Robo Agrícola —realizado a 655 agricultores pequeños, medianos y grandes entre el 25 de diciembre y 26 de enero—, indicó que un 77,4% de la muestra declara haber sido víctima de robo en los últimos 12 meses (ver infografía).

Dentro de este universo, un 43% indicó que sufrió robos 3 o más veces. Entre los encuestados, un 9,7% aseguró que hubo violencia física durante los robos registrados en su predio.

De acuerdo al estudio, los elementos que generan mayores pérdidas económicas para el sector son los insumos agrícolas ($2.730 millones), instalaciones eléctricas ($2.519 millones), animales ($913 millones) y maquinarías ($885 millones).

“Realmente hay una inseguridad rural brutal. Desde el año 88 que vivo en el Maule y no había visto una situación así anteriormente”, dice Antonio Walker, presidente de la SNA. “Hace 20 o 30 años, vivir en el campo era sinónimo de tranquilidad, de paz y trabajar tranquilo, hoy día no lo es (…). Los robos ahora no solamente son en la noche, sino que muchas veces a plena luz del día”, agrega.

Efecto económico

En este contexto, el informe de la SNA estimó que al proyectar el impacto económico de los robos anuales en el agro, la cifra asciende a US$ 530 millones, un alza de 39% versus la primera medición (US$ 380 millones).

Para Walker, este es “el indicador más importante, porque refleja el nivel de inseguridad rural y de robos brutales que tenemos (…) Lo preocupante es que en lugar de ir disminuyendo, todo esto va aumentando”.

Ante el incremento del efecto económico por los robos en zonas rurales, el dirigente asegura que esta situación podría afectar la operación de la industria agrícola en caso de mantenerse al alza en los próximos años.

“Con una rentabilidad ajustada en el sector agrícola, no podemos darnos el lujo de tener este nivel de robos y violencia. Estamos muy desamparados en los sectores rurales, es urgente abordar este tema (…) La agricultura emplea 1 millón de personas y exporta US$ 13.500 millones. Este es uno de los temas principales para abordar, con miras a seguir desarrollando normalmente la actividad agrícola y de exportación”, afirma.

En este contexto, Walker sostuvo que la seguridad rural fue uno de los ejes de las propuestas que entregaron al Presidente electo durante su período de campaña, por lo que esperan avanzar con el futuro mandatario en esta materia. “El tema número uno es la seguridad rural, si queremos que haya mayor inversión y que se siga desarrollando la agricultura”, señala.

Y plantea que a nivel legislativo se deben discutir proyectos para elevar las penas a los robos en zonas rurales y lugares no habitados, tal como ocurrió con la “brutal” disminución en los delitos de robo de madera y usurpaciones con las aprobaciones de sus respectivas leyes.

“Es un flagelo que ya se ha transformado en algo completamente normal”

Agricultores han debido elevar sus inversiones para fortalecer sus medidas de seguridad ante el incremento de la delincuencia en zonas rurales. Piden aumentar las sanciones para los hurtos y la receptación de especies que se venden en el mercado informal.

RICARDO ARIZTÍA TAGLE

Ricardo Ariztía Tagle, gerente general de ATF Gestión, señala que administra varios campos para inversores y algunos de su familia entre las regiones Metropolitana y Biobío. De todos sus años de experiencia en la industria, afirma que si bien existía un nivel de robo menor en la agricultura, con episodios de hurtos de algunos kilos de fruta, en la actualidad eso mutó hacia un crimen más especializado y que es mucho más frecuente para todos los agricultores.

“Este es un flagelo que ya se ha transformado en algo completamente normal y que se da en forma diaria”, dice.

En su caso, Ariztía asegura que han pasado a establecer un sistema de reportes de robos en sus campos. “Todas las semanas tenemos algún reporte de robo de algo, ya sea instalación eléctrica, productos químicos, frutas, maquinaria o motos de operación”, señala. En la última semana de enero, confiesa que sufrió el robo de dos transformadores eléctricos.

“En los lugares no habitados hay una legislación más suave que las zonas habitadas; eso hace que la delincuencia migre hacia estas zonas donde los delincuentes saben que tienen penas muy inferiores, si es que las tienen”, afirma.

Además, indica que “cuando uno tiene que hacer un proyecto frutícola, lo primero en que se piensa es sobre cuánta será la inversión para que los robos no nos afecten mayormente”, dice.

Si bien la encuesta de la SNA consigna que un 39,2% gasta entre 1 y 5 millones de pesos; y otro 21,3% invierte entre 5 y 10 millones de pesos en seguridad, Ariztía sostiene que la realidad en el sector agrícola puede ser mucho mayor.

“Hay que instalar cámaras, rejas, sumar drones de vigilancia y servicios de seguridad para protegernos y tener verdaderas bóvedas con puertas metálicas para guardar los productos químicos. Todo eso implica una inversión importante”, señala.

Ricardo Ariztía Tagle, gerente general de ATF Gestión.

RECAREDO OSSA VEGA

Recaredo Ossa Vega, gerente general de Wapri, relata que ante el aumento de los episodios de robos en los predios que manejan en la Región del Maule, debieron modificar su estrategia de seguridad: pasaron de los guardias en sus campos a la instalación de cámaras.

“Pasamos a instalar cámaras, que están vigiladas de noche, porque nos ocurría que lo primero que hacían (los delincuentes) era amarrar al guardia que teníamos”, señala.

Indica que han sufrido varios robos en sus campos y que “una noche se llevaron hasta cinco transformadores eléctricos”. Asegura que fue una “operación” organizada: “Llegaron con camionetas para llevar el cobre, pese a que teníamos todo con protección soldada y con alambre de púas”.

Ossa comenta que han instalado 80 cámaras, que son monitoreadas por empresas prestadoras de servicios de seguridad, para vigilar los campos con cerezas y pomáceas. “Tuvimos que mejorar el internet en todos los campos, instalando Starlink, porque necesitas un ancho de banda no menor en los puntos que tenemos vigilados con las cámaras”, dice.

También poseen otras medidas, en sus bodegas donde guardan los insumos agrícolas, que son una de las principales especies que son hurtadas en el sector. “Tenemos una bomba de gas, que es un gas inocuo, pero que en cosa de segundos hace que no se vean ni las manos, para que sea más complicado el robo, o incluso para que no encuentren el producto que andan buscando, y así se demoran un poco más para que lleguen los carabineros”, asegura.

En este contexto, afirma que están planificando reforzar algunas medidas en sus bodegas para prevenir nuevos incidentes con sus transformadores.

Por otra parte, asegura que si bien han realizado las denuncias correspondientes, advierte que “la verdad nunca hemos llegado a nada”. En esa línea, espera que con la llegada del nuevo gobierno se fortalezcan las medidas contra la delincuencia rural para enfrentar esta situación.

Recaredo Ossa Vega, gerente general de Wapri.

RODRIGO BALBONTÍN

“Hace un par de años nos robaron dos tractores nuevos y dos equipos de moto Honda nuevas. En una noche se llevaron $80 millones, pese a que teníamos alarmas y todo”, comenta Rodrigo Balbontín, fundador de Agrícola La Matriz.

Señala que los robos en sus campos, ubicados en Teno (Región del Maule), pasaron de ser un tema puntual a algo que se repite de manera mensual. “En el fondo lo que llama la atención es la indolencia a que se perdió el susto de robar”, dice.

Si bien indica que aplican distintas medidas para enfrentar esta situación, asegura que “es cada vez más desmotivante este tema del robo, por la impotencia de que sabes que te van a robar nuevamente”.

En ese sentido, enfatiza en el alto costo asociado a los robos en zonas rurales. “Hay bodegas que son como búnkeres para que no roben los insumos. Pero eso no es todo, tienes que instalar cámaras para monitorear la bodega, y eso cuesta mensualmente entre $400 mil y $500 mil, más la instalación, que son unos $4 millones. Además de contratar el servicio de internet y a la empresa que vigila, todo eso en un campo de 50 hectáreas implica un gasto de $1,5 millones mensuales”, describe.

“Este costo de seguridad es cada vez más alto en una industria que lo único que necesita es rebajar los costos para que no afecte la última línea”, señala.

Si bien concuerda con quienes plantean que se debe aumentar la presencia de policías en zonas rurales y que se aumenten las penas en contra de quienes cometan delitos en los sectores agrícolas, Balbontín asegura que “mientras no se sancione la receptación, estamos fritos”.

Indica que una de las motos que le robaron fue encontrada por Carabineros. Pero, no hubo detenidos, porque quien tenía el equipo lo había adquirido por marketplace, “y no se podía nada más (…) Esto es como el comercio ambulante; si no se sanciona al que compra, esto va a seguir ocurriendo”.

Fuente: El Mercurio