El gobierno de Donald Trump confirmó este jueves un arancel adicional de 12,5% para las exportaciones chilenas, que reemplaza al gravamen temporal del 10% vigente desde febrero y entra en vigor este viernes. La medida, que Washington justifica en una investigación sobre trabajo forzoso, generó un rechazo inmediato y coordinado de la Cancillería, la Subrei y los gremios exportadores, que ya buscan negociar exclusiones para los productos más sensibles de la canasta agroexportadora.

Qué anunció Estados Unidos con el arancel de 12,5% y por qué

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), encabezada por Jamieson Greer, aplicará aranceles de entre 10% y 12,5% a 60 economías, equivalentes al 99,4% de las importaciones estadounidenses, en reemplazo del arancel global temporal de 10% que Trump había fijado en febrero tras la anulación de la mayoría de sus aranceles globales por parte de la Corte Suprema. La medida se sustenta en una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, iniciada en marzo, que concluyó que la ausencia de prohibiciones explícitas y efectivas contra el ingreso de bienes elaborados con trabajo forzoso distorsiona el comercio internacional. Chile quedó ubicado en el grupo de países con la tasa más alta del esquema —12,5%— junto a otras 53 economías, mientras 17 países recibieron un recargo menor, de 10 puntos.

La respuesta de la Cancillería y la Subrei

El Gobierno chileno respondió el mismo jueves con una declaración pública conjunta de la Cancillería y la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), expresando su “profundo desacuerdo” con la decisión. El comunicado sostuvo que Chile “cuenta con una sólida institucionalidad laboral, un marco regulatorio robusto y un firme compromiso con la prevención y erradicación del trabajo forzoso”, respaldado por el cumplimiento de los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscritos por el país. Las autoridades remarcaron además que la resolución estadounidense “no sostiene que Chile exporte bienes producidos con trabajo forzoso ni identifica productos chilenos específicos bajo esa condición”, atribuyendo la controversia a diferencias en la evaluación de qué mecanismos regulatorios considera Washington como suficientemente efectivos.

El Gobierno precisó también que la decisión se adoptó en el marco de una investigación conforme a la legislación interna de Estados Unidos, y no como resultado de una negociación bilateral entre ambos países, y anunció que mantendrá gestiones políticas y técnicas para resguardar a los exportadores y conseguir la exclusión de productos esenciales de la canasta exportadora nacional.

La reacción del agro: preocupación de la SNA

Desde el sector productivo, la primera reacción llegó desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). Su presidente, Antonio Walker, manifestó su preocupación a través de una declaración pública: “nos preocupa la decisión de Estados Unidos de aplicar un arancel adicional de 12,5% a los productos chilenos, porque afecta la competitividad de nuestras exportaciones y genera incertidumbre para miles de productores y trabajadores”. Walker lamentó además que Washington no haya acogido los argumentos presentados por Chile durante el proceso, señalando que resulta especialmente llamativo considerando “su trayectoria como socio comercial serio, confiable y cumplidor de sus compromisos internacionales”. El dirigente adelantó que la SNA evaluará el impacto de la medida sobre los distintos rubros productivos, el empleo y las economías regionales.

Qué queda dentro y qué queda fuera del arancel

El esquema anunciado por Washington dejó fuera del recargo al cobre, al litio y a la celulosa, tres de los principales productos de exportación chilenos hacia Estados Unidos. Sin embargo, sí quedaron gravados el salmón, la fruta, el vino y buena parte de los productos de madera con mayor valor agregado —molduras, plywood de pino radiata, puertas, paneles encolados y madera Finger Joint— mientras la celulosa como materia prima mantuvo su exención.

El impacto sectorial ya empieza a cuantificarse. Chile representa más del 40% del salmón que consumen los estadounidenses, por lo que el gremio del sector anticipa menores márgenes para los exportadores y mayores precios para importadores y consumidores en ese mercado, además de sumarse al llamado a la Cancillería para buscar una exclusión específica. Desde Frutas de Chile, su presidente Iván Marambio argumentó ante la propia USTR que la oferta chilena no compite directamente con la producción estadounidense, sino que la complementa gracias a la contraestación, permitiendo mantener una oferta permanente de fruta fresca en el mercado. Según un estudio de Delphi & Peterson Solutions citado por el gremio, la fruta chilena genera un impacto cercano a US$3.500 millones por temporada en la economía estadounidense, aporta US$2.000 millones a su PIB y sostiene cerca de 19.500 empleos directos en ese país, argumentos que la industria espera puedan sumar peso en una eventual negociación de exclusión.

Un golpe que se suma a otros frentes comerciales

El anuncio ubica a Chile junto a un grupo amplio de socios comerciales de Estados Unidos afectados por el mismo esquema, entre ellos Japón, Corea del Sur, Suiza, Canadá y Reino Unido, aunque no China. La medida se conoce, además, apenas días después de que Diario Agrícola reportara la escalada arancelaria de Washington contra Brasil y la disputa por el sistema lechero canadiense, confirmando que la política comercial de la administración Trump mantiene un pulso activo con buena parte de sus principales socios agroexportadores en América.

Lo que viene

Con el arancel ya vigente desde este viernes, el foco pasa ahora a la capacidad de la diplomacia chilena para conseguir exclusiones puntuales, especialmente para el salmón y la fruta fresca, los dos rubros donde la industria ya presentó argumentos técnicos ante la USTR durante el proceso de investigación. La Cancillería confirmó que las gestiones diplomáticas con Washington continuarán en las próximas semanas, mientras gremios como la SNA y Frutas de Chile se preparan para cuantificar con mayor precisión el impacto real de la medida sobre el empleo y las economías regionales que dependen de estas exportaciones.

Fuente: Diario Agrícola