La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), junto a representantes de sus seis ramas, presentó hoy la iniciativa “Por un Chile sin economías ilícitas”, un trabajo que busca enfrentar el avance del comercio ilegal, el contrabando, el robo de bienes y otras actividades ilícitas que afectan directamente la inversión, el empleo formal y el crecimiento económico.

Desde la CPC advirtieron que las economías ilícitas han dejado de ser un fenómeno aislado. Existe un vínculo estructural con el crimen organizado, que encuentra en estos mercados su principal fuente de financiamiento y expansión. Estas actividades, que incluyen falsificación, contrabando, fraude, mercados informales y delitos asociados, operan como sistemas económicos paralelos que compiten con la economía formal y erosionan la institucionalidad.

De acuerdo con estimaciones preliminares levantadas por la CPC junto a 28 gremios y 2 empresas, los mercados ilícitos en Chile alcanzarían cerca de US$8.000 millones, lo que equivale a más de un 2% del PIB nacional, evidenciando la magnitud del problema y su impacto transversal en distintos sectores productivos.

El diagnóstico presentado muestra que estas actividades generan efectos sistémicos: competencia desleal para las empresas formales, pérdida de recaudación fiscal, desincentivo a la inversión, fomento de la informalidad y distorsiones en el funcionamiento de los mercados.

Frente a este escenario, la CPC anunció el desarrollo de un trabajo colaborativo público-privado que contempla seis ejes: comercio ilícito y contrabando; finanzas ilícitas; ilícitos en materias primas; ilícitos en minería; robos; y fortalecimiento de la respuesta del Estado. El objetivo es avanzar en un diagnóstico común, identificar patrones del fenómeno y proponer medidas concretas que permitan prevenir y desarticular estos mercados ilegales.

Como parte de esta iniciativa, ya se han sostenido reuniones con instituciones públicas como el Servicio de Impuestos Internos, Aduanas y el Ministerio Público, con el propósito de avanzar hacia soluciones coordinadas y eficaces.

Desde el mundo empresarial, enfatizaron que abordar las economías ilícitas es una condición indispensable para recuperar la seguridad, la certeza jurídica y la confianza, elementos clave para el desarrollo sostenible del país. El trabajo contempla la elaboración de un documento final con propuestas, cuya entrega está prevista para junio de 2026.