En una nueva sesión, la Comisión de Agricultura del Senado continuó el análisis del proyecto que busca rebajar el monto mínimo de las multas actualmente establecidas la Ley N°21.349 sobre Fertilizantes y Bioestimulantes, y entregar al SAG criterios para su graduación.

En la sesión participó la directora ejecutiva de AFIPA, Patricia Villarreal, quien también representó a la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la Asociación Gremial de Importadores y Productores de fitosanitarios, fertilizantes y bioestimulantes para la agricultura (IMPPA), quienes expusieron sus puntos de vista respecto de los efectos que la normativa está generando en el sector.

En este sentido, Patricia Villarreal destacó las dificultades para la implementación de la Ley, señalando que ésta considera instrumentos regulatorios complementarios que aún se encuentran en desarrollo y que son fundamentales para entregar certeza a las empresas respecto de los requisitos que deben cumplir para registrar sus productos. “La Ley está en vigencia, por lo tanto, las multas también, mientras que el decreto y las cuatro resoluciones complementarias que especifican el sistema de registro todavía están en desarrollo en el Servicio Agrícola y Ganadero. Sin eso es muy difícil que las empresas puedan cumplir con los requisitos, porque son resoluciones complejas que se deben tener conjuntamente a la vista al momento de registrar estos productos”.

Asimismo, señaló que el aumento de exigencias regulatorias y los costos asociados a modificaciones de etiquetas, certificaciones y registros pueden impactar la disponibilidad de insumos, la competitividad del sector y los costos de producción agrícola, especialmente considerando que los fertilizantes y otros productos representan uno de los principales costos de producción para los agricultores. “Chile es un mercado pequeño. No somos un mercado atractivo versus otros como Perú, que son competidores directos nuestros y cuya regulación ha facilitado la incorporación de este tipo de productos a su agricultura”, recalcó.

En este sentido, la directora ejecutiva de AFIPA destacó que resulta clave avanzar hacia un marco regulatorio que resguarde la calidad de los productos, pero que al mismo tiempo entregue certeza jurídica, fomente la innovación y favorezca la disponibilidad de soluciones para los agricultores.

Durante la discusión, los parlamentarios coincidieron en la necesidad de resguardar la calidad de los productos, pero también manifestaron interés en profundizar el análisis sobre la proporcionalidad de las sanciones y el impacto que estas podrían tener sobre las empresas. Asimismo, surgió la necesidad de contar con mayores antecedentes técnicos por parte del SAG y ver ejemplos de lo que están implementando otros países, antes de avanzar en la tramitación de la iniciativa, por eso la Comisión continuará revisando la iniciativa en próximas sesiones, incorporando nuevos antecedentes técnicos para evaluar eventuales ajustes al sistema de sanciones contemplado en la Ley.