La directora ejecutiva de AFIPA, Patricia Villarreal, junto con la directora de Desarrollo de Capital Humano y Asuntos Regulatorios, Roxane Flores, fueron parte de la primera reunión de la Comisión Asesora de la Dirección Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero en materias de autorización, evaluación y fiscalización de plaguicidas de uso agrícola.

Esta instancia público-privada presidida por el director nacional del SAG, José Guajardo, está conformada por representantes de los ministerios de Agricultura, Medio Ambiente, Salud, asociaciones gremiales y de la sociedad civil como HORTACH, Chile Alimentos, Fedefruta, ANPROS, ACHIPIA, ASOEX, IMPPA, ADIAC, SNA, INIA, INDAP, entre otras. Su principal objetivo es generar una instancia que recoja las distintas visiones, necesidades y propuestas de modo de lograr mejoras a los procesos regulatorios en materia de fitosanitarios, basando la toma de decisiones en metodologías científicas válidamente aceptadas para la protección de las personas y el medio ambiente.

Durante la primera reunión de la Comisión, el SAG realizó dos presentaciones, la primera centrada en la actualización de plaguicidas registrados en Chile donde se planteó el desarrollo de un procedimiento de evaluación de moléculas para la revisión de productos clasificados 1a y 1b por FAO-OMS y la prohibición de dos moléculas que no se encuentran en el país (Terbufós y Metoxiclor). 

La segunda exposición se centró en la fiscalización del uso de fitosanitarios que realiza el Servicio, los incumplimientos más frecuentes y la creación de una nueva resolución para robustecer el control de la venta y uso de estos productos, la cual contempla los siguientes temas: venta y uso regulado de plaguicidas, obligación de avisaje de aplicaciones, requisitos para empresas que aplican estos productos y la obligatoriedad de la credencial de aplicador de plaguicidas, de registros de aplicación y de calibración de maquinaria. 

“Como gremio colaboramos permanentemente con el SAG para el desarrollo de regulaciones basadas en la evidencia científica que beneficien a los agricultores y consumidores, siempre resguardando el medio ambiente, la salud de las personas y la seguridad alimentaria”, destacó Patricia Villarreal, agregando que “la puesta en vigencia de las normas debiera contemplar la gradualidad. Es importante que la autoridad conozca y considere los procesos y plazos que las compañías requieren para cumplir con las fechas establecidas. También es relevante incluir incentivos en las normativas para contribuir al cambio cultural, en este sentido el rol de INDAP es fundamental, además de observar y recoger la experiencia de otros países, por ejemplo, en relación con la venta regulada, ver lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado”. 

Los participantes destacaron el rol fundamental que tienen los fitosanitarios para la agricultura y la seguridad alimentaria y la relevancia de reforzar el correcto uso de estos productos para el resguardo de las personas y el medio ambiente. También se plantearon preocupaciones respecto a los plazos de elaboración e implementación de las nuevas regulaciones presentadas, la metodología de trabajo de la Comisión y su vinculación con la Mesa del Agro y la coordinación interministerial para la elaboración e implementación de regulaciones, entre otras.