El 19 de mayo recién pasado la directora ejecutiva de AFIPA, Patricia Villarreal, fue invitada, junto a otros gremios de la industria a presentar ante la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados los problemas ocasionados en razón de la aplicación de la nueva Ley de Fertilizantes.

En este sentido, la directora ejecutiva comenzó su intervención con un resumen sobre el trabajo del gremio y sus iniciativas como el proyecto Agricultura Sostenible en Acción, que buscan promover la agricultura sustentable mediante el manejo integrado de plagas y buenas prácticas agrícolas, además de combatir el comercio ilegal de productos, tema que también fue abordado durante la sesión. 

Luego, se refirió específicamente a los puntos de la ley que, desde la opinión de AFIPA, se deberían cambiar y su justificación. La directora ejecutiva del gremio manifestó la necesidad de reducir el alto monto de las multas que establece la Ley (100 UTM como mínimo), señalando que este monto, al estar fijado por ley, permite muy poca flexibilidad en su aplicación. Además, advirtió que este contexto normativo puede afectar la disponibilidad de productos para la agricultura, ya que eleva los costos de manera considerable, los cuales inevitablemente se trasladan al usuario final.

Indicó que Chile es un mercado pequeño que, para muchas empresas no solo internacionales, desfavorece la innovación, en especial para problemas específicos de nuestro país versus los de competidores, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y la competitividad de la agricultura nacional.

También destacó la necesidad de homogeneizar los criterios de fiscalización del SAG y considerar, en la aplicación de ley, la capacidad y crecientes exigencias que enfrenta el Servicio debido a las nuevas regulaciones, además de revisar las responsabilidades  que se le atribuyen a los distribuidores por aspectos como el etiquetado.

La directora concluyó reiterando el compromiso de AFIPA con una agricultura sustentable y el interés de colaborar en el desarrollo de políticas públicas y de un marco regulatorio equilibrado basado en evidencia científica.

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